California enfrenta una de las mayores crisis políticas y sociales de los últimos años. El estado de emergencia declarado en Los Ángeles tras una serie de redadas migratorias ha escalado hacia un conflicto federal: protestas multitudinarias, el despliegue de la Guardia Nacional y marines, un toque de queda impuesto, y una guerra de declaraciones entre líderes estatales, federales y extranjeros.
Redadas migratorias: el detonante
Las operaciones realizadas por el ICE desde el 6 de junio provocaron indignación en diversas comunidades migrantes. Las detenciones masivas y el uso de fuerza en barrios de alto porcentaje latino alimentaron la ira ciudadana. En cuestión de horas, miles de personas tomaron las calles en señal de protesta.
La militarización de Los Ángeles
La respuesta de la Casa Blanca fue inmediata. El presidente Donald Trump ordenó el despliegue de 2,000 efectivos de la Guardia Nacional, seguido por el envío de 700 marines para “reforzar la seguridad federal”.
El 9 de junio, la alcaldía impuso un toque de queda de 8:00 p.m. a 6:00 a.m., alegando riesgo de violencia. La medida fue recibida con escepticismo por organizaciones civiles y defensores de derechos humanos. Hasta el momento, se han reportado enfrentamientos aislados, decenas de personas detenidas y fuerte presencia militar en el centro de la ciudad.
Enfrentamiento político: Trump vs Newsom
El gobernador Gavin Newsom calificó el despliegue como una “violación directa de la soberanía estatal” y presentó una demanda en una corte federal de San Francisco. Trump, por su parte, acusó al estado de “incapaz de controlar la insurrección”.
Los roces entre ambos no son nuevos, pero esta vez han tomado una dimensión nacional, con implicaciones jurídicas y electorales. La posibilidad de que la Casa Blanca invoque la Ley de Insurrección ha encendido aún más el debate.
Acusaciones cruzadas: el papel de México
El conflicto alcanzó una dimensión internacional cuando la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, acusó a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, de haber alentado la movilización en Los Ángeles.
Sheinbaum respondió de forma contundente, calificando las declaraciones como “falsas e irresponsables” y señalando que México defiende la protesta pacífica y los derechos humanos. Diversas figuras políticas mexicanas respaldaron su postura y denunciaron una narrativa “criminalizadora” desde Washington.
Derechos civiles bajo presión
Organizaciones como Human Rights Watch y ACLU han expresado su preocupación por el uso excesivo de la fuerza, los arrestos masivos de migrantes y la implementación del toque de queda. La tensión entre seguridad pública y derechos civiles vuelve al centro del debate político en Estados Unidos.
Lo que empezó como una reacción a las redadas migratorias se ha transformado en una crisis de alto nivel. La tensión entre gobiernos estatales y federales, sumada a acusaciones internacionales, deja a California en un momento de quiebre institucional. El desarrollo de los próximos días definirá no solo el rumbo de la migración en Estados Unidos, sino también el equilibrio de poder entre el gobierno central y los estados.