México enfrenta una crisis de seguridad que no ha hecho más que agravarse. Los discursos oficiales insisten en avances y estrategias “exitosas”, pero los hechos demuestran lo contrario: la violencia se multiplica, los ciudadanos viven con miedo, y el gobierno, lejos de actuar con contundencia, parece cada vez más distante de la realidad que enfrenta el país.
Un país tomado por la violencia, ¿y el gobierno?
Las cifras son brutales:
- En 2024, México registró más de 30,000 homicidios, colocando al país entre los más violentos del mundo.
- El 73.6% de la población se siente insegura, según datos del INEGI.
- 390,000 personas han sido desplazadas de sus hogares por la violencia en los últimos años.
- Sólo 1 de cada 10 delitos es esclarecido. La impunidad sigue reinando.
Ante este panorama, el gobierno no solo ha sido incapaz de frenar la violencia, sino que ha minimizado la crisis, priorizando disputas políticas y narrativas mediáticas sobre supuestos avances.
¿Realmente hay una estrategia de seguridad?
Desde hace años, se han prometido cambios, reformas y planes para reducir la violencia, pero lo que vemos es lo contrario. Algunas de las razones detrás de esta indiferencia incluyen:
- Corrupción institucional: La infiltración del crimen organizado en estructuras gubernamentales ha debilitado la capacidad del Estado para garantizar la seguridad.
- Discurso sin resultados: Aunque el gobierno insiste en que la violencia va “a la baja”, los datos y la percepción ciudadana lo desmienten.
- Política sin acción: Las autoridades parecen más preocupadas por mantener el control mediático que por tomar decisiones efectivas contra la delincuencia.
La falta de resultados concretos ha dejado claro que la estrategia no solo es insuficiente, sino que podría no existir realmente.
Un gobierno ajeno al miedo de su gente
Mientras en Palacio Nacional se repiten discursos sobre estabilidad y progreso, en las calles la realidad es otra. En estados como Guanajuato, Michoacán o Zacatecas, la población vive entre balaceras, extorsiones y secuestros, con una mínima intervención de las autoridades.
Las víctimas han dejado de esperar justicia, los negocios han tenido que implementar su propia seguridad, y miles de familias han abandonado sus hogares, mientras el gobierno insiste en que la situación “está controlada.”
¿Controlada para quién?
¿Qué alternativas tiene la ciudadanía?
Ante la indiferencia del gobierno, los ciudadanos han buscado sus propias formas de protección:
- Incremento en la compra de dispositivos de defensa personal.
- Comunidades organizadas para denunciar abusos y violencia.
- Uso de redes sociales para alertar sobre zonas de riesgo en tiempo real.
Sin embargo, estas soluciones no reemplazan lo que debería ser la función del Estado: garantizar la seguridad.
¿Y ahora qué?
México no solo enfrenta un problema de violencia, sino también una crisis de confianza en sus instituciones. La pregunta ya no es “¿Cuándo cambiará la situación?”, sino “¿Cuándo habrá voluntad para cambiarla?”
La indiferencia gubernamental sigue dejando a la población expuesta, mientras quienes deberían proteger a su gente permanecen cómodamente instalados en la narrativa de que todo está mejorando.
Pero la realidad es clara: nos dejaron solos.
